Laura Fernández inaugura en Costa Rica una megacárcel para 5.100 reclusos de alto riesgo

El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) ha costado 36 millones de dólares. Recibirá a sus primeros internos a finales de octubre.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, inauguró este miércoles 14 de octubre de 2026 el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad con capacidad para 5.100 reclusos. Las autoridades sostienen que las organizaciones criminales siguen operando desde las cárceles del país y que el nuevo centro está pensado para aislar a sus cabecillas.

Al acto asistieron el expresidente Rodrigo Chaves Robles, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, miembros del gabinete y representantes de instituciones nacionales e internacionales. Fernández explicó que las obras empezaron en enero de 2026. Costaron 16.774 millones de colones (unos 36 millones de dólares) y se pagaron íntegramente con el presupuesto nacional.

«Vamos a ejercer mano dura, sí, porque el que la hace la tiene que pagar. Pero a la vez vamos a honrar la tradición costarricense de apegarse al respeto de los derechos humanos fundamentales», afirmó la presidenta.

El complejo ocupa un terreno de 91.000 metros cuadrados, de los que 31.000 están edificados. Se divide en cinco módulos de 1.020 plazas cada uno. Según el Gobierno, cuenta con videovigilancia, monitoreo electrónico las 24 horas, controles reforzados de entrada y salida y espacios diseñados para dificultar que se oculten objetos prohibidos. También dispone de patios, consultorios médicos, locutorios para visitas familiares y atención legal, y espacios para visitas íntimas sujetos a protocolos especiales.

«El CACCO no va a ser un hotel, no es un lugar de descanso y no será jamás una universidad del crimen», advirtió Aguilar. El ministro precisó que la Policía Penitenciaria asumirá el control del edificio desde el 15 de octubre. Los primeros traslados se harán a finales de mes, cuando los funcionarios conozcan las instalaciones y los equipos.

Entre los primeros trasladados habrá condenados y presos preventivos con vínculos con estructuras criminales, aunque no se mezclarán entre sí. También irán los llamados «hachudos», como las autoridades penitenciarias denominan a los reclusos que ejercen liderazgos negativos, intimidan a otros internos o controlan actividades en los pabellones. Aguilar afirmó que algunos cobran a otros presos por usar colchones o recibir comida del sistema penitenciario. El Gobierno pretende romper esas estructuras de poder reubicando a sus integrantes.

Los módulos dos y cuatro serán los primeros en recibir población, y se prevé llegar a unas 2.500 plazas ocupadas en diciembre de 2026. El ministro indicó que Justicia tiene fondos para empezar a operar este año y que el proyecto figura en el presupuesto de 2027. Las autoridades aún deben presentar los protocolos de alimentación, atención médica, visitas, contacto con hijos y seguridad interna. El Gobierno también presenta la nueva prisión como una vía para reducir el hacinamiento carcelario.