La Audiencia de Sevilla prevé abrir el juicio del mayor brote de listeriosis de España

El caso Magrudis, por la carne mechada contaminada de 2019, se prolongará unas cuarenta sesiones hasta el 27 de enero de 2027. El brote causó cuatro fallecimientos, siete abortos y lesiones a unas 240 personas.

Según la agencia EFE, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha fijado el calendario de la vista oral del caso Magrudis, que prevé arrancar este viernes 16 de octubre. Las sesiones se repartirán entre octubre, noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027. En octubre están previstas para los días 16, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29.

Según el cronograma de declaraciones al que tuvo acceso la agencia, las dos primeras jornadas, el 16 y el 19, se dedicarán a las cuestiones previas que planteen las partes. Las primeras declaraciones de la Guardia Civil y de los peritos comenzarían a partir del día siguiente.

El tribunal juzgará posibles delitos contra la salud pública, homicidio imprudente y lesiones. El brote de 2019 se asoció al consumo de carne mechada de la marca La Mechá, contaminada con la bacteria listeria monocytogenes, y provocó casos de intoxicación en varias comunidades autónomas. Ese agosto se declaró el estado de alarma de nivel 1.

En verano de 2022, el Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla acordó seguir el proceso contra siete investigados. También declaró responsables civiles al Ayuntamiento de Sevilla y a la aseguradora AXA.

En sus conclusiones provisionales, conocidas en octubre de 2022, la Fiscalía pidió penas de unos diez años de prisión y diversas multas para los dueños de la empresa sevillana Magrudis, entre otros acusados. El Ministerio Público atribuye un delito contra la salud pública, en concurso ideal, por imprudencia grave, con cuatro delitos de homicidio, siete de lesiones al feto y más de doscientos de lesiones. Añade un delito de defraudación del fluido eléctrico y otro de falsedad en documento oficial.

Según el relato fiscal, los principales responsables de Magrudis sabían que el proceso de elaboración tenía «deficiencias sanitarias» y entrañaba un riesgo «grave o muy grave» para los consumidores. La Fiscalía sostiene que no informaron a las autoridades sanitarias, ni al Ayuntamiento de Sevilla ni a la Junta de Andalucía, y que lo «ocultaron de forma deliberada».

La Fiscalía también apunta a la responsabilidad civil del Ayuntamiento de Sevilla. A su juicio, debería asumir las consecuencias de su «acción deficiente y tardía», que supuso un funcionamiento anormal de un servicio público.

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