La formación rechaza el decreto de vivienda porque considera que obliga a la Generalidad a asumir costes y competencias que corresponden al Estado.
El partido de Puigdemont critica que tenga que pagar en dos meses los impagos de inquilinos vulnerables, la suspensión de desahucios hasta 2030 y las limitaciones a la compra de vivienda.
Moncloa, sin embargo, confía en que Junts termine cediendo, como ha ocurrido en otras ocasiones durante la legislatura. El Gobierno interpreta que el rechazo de la formación puede formar parte de la negociación y mantiene la esperanza de sacar adelante el primer decreto, mientras da prácticamente por perdido el segundo.
