España será el único país en votar en contra del nuevo Reglamento europeo de retornos, que busca acelerar los procedimientos de expulsión de personas que no tienen derecho a permanecer en la UE y permite crear centros de retorno en terceros países bajo determinadas condiciones. El Gobierno sostiene que esta norma no resuelve por sí sola la situación migratoria y se niega a aceptar los centros extracomunitarios.
La posición española llega después de la crisis migratoria de Ceuta y mientras los ministros de Interior de la UE abordan este jueves cómo mejorar las devoluciones y la cooperación con países terceros. El Consejo de la UE señala que el objetivo es hacer los retornos más rápidos y eficaces, mientras que España mantiene sus objeciones a determinados elementos del nuevo sistema.
